La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada desde 2009 por supuesto espionaje político, adjudicó ese año, cuando Francisco Granados dirigía el departamento, un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados. La asociación que presidía el perito calígrafo Castor Iglesias ganó el concurso pese a que su experiencia en ese campo era casi nula. Unos meses antes, Iglesias fue contratado a dedo por Granados para elaborar un informe calígrafo.
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